La representante Alexandra Vásquez del Pacto Histórico hizo la denuncia y avisó del prontuario de las firmas que hacen parte de las cuatro Uniones Temporales que quieren quedarse con el millonario contrato para 2024
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Soacha está en la lupa del Congreso de la República. Desde el Pacto Histórico la representante por Cundinamarca Alexandra Vásquez prendió las alarmas por presuntas irregularidades que tienen los proponentes que están compitiendo por quedarse con el millonario contrato que se acerca a los 20.000 millones de pesos y que será adjudicado el 8 de marzo de 2024.
Son cuatro Uniones Temporales las que compiten por el jugoso negocio y en las que hay varias empresas que tienen un histórico de fallas en la prestación de servicios similares y hasta sanciones económicas por irregularidades. Así lo especificó la congresista al detallar minuciosamente los cuestionamientos que se le hacen a estas.
La primera Unión Temporal Calidad y Vida está integrada por tres empresas, una de ellas – Proalimentos Liber S.A.S., que está en proceso de reorganización, lo cual genera muchas dudas sobre su capacidad financiera. Pero no solo eso, en 2022 la Procuraduría General de la Nación inició una investigación por el contrato suscrito entre esta sociedad y la Ungrd para la adquisición de kits de alimentos porque presuntamente fue favorecida en el proceso de contratación.
“También ha sido sancionada por cartelización y corrupción. Concretamente mediante Resolución 35069 de 2023 la Superintendencia de Industria y Comercia le impuso una multa que asciende a los $8.026.216.776, porque junto con otros diez contratistas estructuraron un entramado para quedarse con la contratación de alimentos escolares en el programa de refrigerios escolares de Bogotá entre 2007 y 2017”, explicó.
Otra integrante de la Unión Temporal es ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S, esta fue denunciada porque intoxicó a varios pacientes en el Hospital General de Medellín, donde venía prestando el servicio de alimentación. También en un contrato suscrito con EPM para los campamentos de construcción de Hidroituango fue pública la mala calidad e higiene de la alimentación.
El otro proponente UT Alimentos PAE Soacha 2024 está integrado por cuatro empresas quienes también tienen series acusaciones, advirtió la representante del Pacto Histórico: “Una de sus integrantes – Seval Logística SAS – estuvo involucrada en un proceso de investigación en contra de funcionarios de la gobernación de Putumayo por el PAE, ya que presentó documentación falsa y se vio beneficiada en el proceso de contratación. En Cundinamarca fue adjudicada para el programa de alimentación, pero estudiantes reclamaban que se estaban entregando alimentos en descomposición o sin madurar”.
Sobre el tercer proponente, avisó que UT Sevivesoacha 2024, integrada por las dos empresas a quienes desde 2019 han adjudicado los últimos seis millonarios procesos de contratación: Servicio de Alimentos y Lógistica SAS SEDALCO SAS y Fundación Vive Colombia, siempre terminan siendo las ganadoras de los contratos a pesar de que se trata de procesos con pluralidad de proponentes.
“Pero el cuestionamiento no solo se da por eso, sino porque tras de ellas está el exdiputado de Cundinamarca Miguel Ángel Villalobos, quien fue denunciado por ser gestor de un cartel de contratación del PAE en Cundinamarca, y en otros procesos de contratación se denunció que no cumplían con los requisitos para conseguir la adjudicación entregando documentación falsa para obtener contratos”, agregó.
Y como último, el cuarto proponente, la UT Juntos Por Soacha está integrado por tres empresas que también tienen cuestionamientos. Una de ellas es la Fundación CEA Cartagena, con experiencia en la prestación del servicio en la costa del país. Ganó el PAE en Bolívar durante el 2017, 2018 y 2019, sin embargo, en el 2019 pretendió quedarse con otro negocio presentando un contrato falso para acreditar experiencia.
Pero la más cuestionable, insistió la representante por Cundinamarca, es la empresa Construyamos Colombia, también de esta cuarta UT, que, según su investigación, tiene una amplia trayectoria en Tolima, donde ha sido acusada de corrupción, cartelización y la entrega de malos alimentos.
“La Contraloría inició un proceso de investigación sobre un contrato suscrito entre la Gobernación del Tolima y la Unión Temporal N21, de la que hizo parte en ese momento, ya que hubo sobrecostos por aproximadamente 105 millones de pesos. También, el mismo órgano de control revisó otro contrato, pero ahora como integrante de la Unión Temporal T46 donde se hallaron sobrecostos entre 700 millones y 2.000 millones de pesos. Construyamos Colombia pasó de estar fundada con un capital de 600.000 pesos a contar con un patrimonio que supera los 11.000 millones de pesos por la operación del PAE en Tolima y Risaralda con la suscripción de más de 40 contratos”.
Finalmente, Alexandra Vásquez reiteró que todos los proponentes que se quieren quedar con el PAE en Soacha tienen señalamientos de corrupción, alimentos de baja calidad o cartelización. “En este momento no se ha firmado el contrato y continúa el proceso de contratación. Seguiremos haciendo seguimiento a cuál polémico contratista se le adjudica este contrato”, concluyó.